Cronología del Caso ProCultura: Cómo se desplomó la cúpula de la fundación tras millonarios convenios
Desde el origen de ProCultura hasta la formalización de su cúpula, revisamos los hitos clave, convenios millonarios y la investigación por fraude al fisco que marcaron el colapso de la fundación.
Inicio del caso y formalización de la cúpula de ProCultura
El 31 de enero de 2026 se formalizó a Alberto Larraín, fundador de ProCultura, junto a María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme, Evelyn Magdalena y Gabriel Prado. Los cargos se centran en presunto fraude al fisco por manejo irregular de fondos estatales. Todos quedaron con arraigo nacional, rechazándose la prisión preventiva solicitada por la fiscalía.
En el centro de la investigación aparece Claudio Orrego, imputado por su rol en la aprobación de convenios millonarios hacia ProCultura, incluyendo $1.683 millones para el programa de salud mental “Quédate”.
Fundación ProCultura y el origen del Caso Convenios
Fundada en 2009 por Alberto Larraín y la fotógrafa Ilonka Csillag, ProCultura comenzó enfocada en rescate patrimonial y cultural, expandiéndose posteriormente a educación, salud mental y habitabilidad. La ONG suscribió más de 60 convenios estatales, incrementando sus ingresos públicos de $316 millones en 2021 a más de $3.200 millones en 2022.
Hitos que llevaron al colapso institucional
- Nov 2022: Traspaso de $1.683 millones por parte del GORE RM para el programa “Quédate”.
- Nov 2023: El GORE detecta inconsistencias en rendiciones de cuentas; ProCultura cierra operaciones el 17 de noviembre.
- Jun-Sep 2023: Controversia por convenio de $629 millones con GORE Antofagasta para restaurar fachadas, con sobrecostos y querella de apropiación indebida.
- Oct 2024 – Mayo 2025: Intercepciones telefónicas de 42 celulares de involucrados, incluyendo a Larraín, funcionarios del GORE y Miguel Crispi.
Formalización y estado actual del caso
Tras cuatro jornadas de formalización, el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó que no se acreditaron delitos con claridad, dejando a los imputados con arraigo nacional.
El caso sigue bajo investigación, con foco en el presunto manejo irregular de más de $1.600 millones de fondos públicos, incluyendo la supervisión de convenios aprobados por Claudio Orrego.
